El mundo del fútbol se ve sacudido una vez más con la noticia de que un futbolista deberá pagar el doble en Barcelona que en Madrid, todo esto bajo el impacto de la llamada ley Mbappé. Dicha normativa, que ha generado controversia en el ámbito deportivo, establece un sistema de compensación económica que ha dividido opiniones entre aficionados y expertos. La decisión de este jugador de asumir este nuevo régimen financiero ha provocado un debate sin precedentes en la comunidad futbolística. Barcelona y Madrid, dos de las ciudades más emblemáticas en el mundo del deporte, se ven ahora en el centro de la polémica debido a esta medida que promete cambiar las reglas del juego en el mercado de fichajes.
Futbolistas en Madrid pagarán la mitad de impuestos que en Barcelona
Las consecuencias de la implantación de la 'ley Mbappé', el proyecto que maneja la Comunidad de Madrid para que los residentes extranjeros en la capital disfruten de exenciones fiscales con la eliminación del IRPF autonómico, podrían derivar en que los futbolistas extranjeros residentes en aquella comunidad pagaran la mitad de impuestos que los que residan en Catalunya.
El proyecto que maneja Isabel Díaz Ayuso permitiría a los extranjeros que se instalen en Madrid y paguen allí sus impuestos desgravarse un 20% del total de sus inversiones en la Comunidad, además.
Joan Pagès, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Rovira i Virgili, ha afirmado, en declaraciones a RAC1, que un jugador que cobrara, por decir algo, 400 millones de euros, podría ser que en Catalunya tuviera que abonar 20 millones en concepto de impuestos. Una cantidad que, según nuestros cálculos, en Madrid podría verse reducida a 10 millones.
Una desigualdad que Pagès no duda en calificar de exagerada ya que supone un 50% con respecto a lo que se abona en otras comunidades.
Polémica por la 'ley Mbappé' que beneficia a futbolistas en Madrid
Pagès ha añadido que la aprobación de esta ley supondría convertir la Comunidad de Madrid en un paraíso fiscal para los más ricos. Y ha puesto en duda la constitucionalidad del texto.
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