En un giro inesperado, el presidente de UD Las Palmas ha sido declarado inocente de los cargos de fraude fiscal y laboral, lo que pone fin a un periodo de intensa presión y tortura mediática para él. Tras un exhaustivo proceso judicial, finalmente se ha hecho justicia y se ha demostrado su inocencia en este delicado asunto. Esta noticia representa un alivio tanto para el acusado como para la afición y el entorno del club, que han seguido con atención y preocupación cada paso de este complicado proceso legal. Ahora, con este veredicto favorable, el presidente podrá retomar sus funciones con la tranquilidad de haber sido absuelto de las acusaciones que pesaban en su contra.
Presidente de UD Las Palmas absuelto de fraude fiscal y laboral tras juicio
Las autoridades judiciales canarias confirmaron este lunes que han absuelto en una sentencia de 74 páginas al presidente de UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de las irregularidades que la Fiscalía atribuyó a Seguridad Integral Canaria, S.A., (Sicsa) entre 2009 a 2013. La Audiencia de Las Palmas dicta sentencia tras ser juzgado por las responsabilidades penales de un presunto fraude de Sicsa a la Seguridad Social y Hacienda valorado en 36 millones. La empresa acabó desguazada por el bloqueo al acceso de contratos púbicos debido a las dudas lanzadas sobre la solvencia financiera.
En esta causa, el empresario grancanario se enfrentaba a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de 21 años de cárcel y hasta 105,4 millones de euros de multa. La empresa llegó a ser líder en España y tener 5.000 empleados con contratos como Defensa, de Patrimonio Nacional del Estado y del Metro de Madrid, entre otros.
El presidente de UD Las Palmas venía desde 2017 arrastrando la duda sobre su ejemplaridad empresarial desde que el Gobierno de Canarias acordase denunciar ante la Fiscalía a Sicsa al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.
USO, el sindicato que puso en marcha con su denuncia la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, reclamaba una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa para el empresario por el supuesto fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2009 y 2017.
Es el segundo caso donde se pone de relieve que no tiene responsabilidad penal ya que a finales de 2023 hubo un auto de sobreseimiento de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre las cuentas de la empresa entre 2014 y 2016 ya que que no existían razones para entender que Miguel Ángel Ramírez fuese administrador real de la empresa una vez fue puesta bajo control del empresario Héctor de Armas, tal y como ha defendido el abogado de Ramírez, José Antonio Choclán.
La sentencia niega la tesis de la existencia de delitos fiscales y sociales de Ramírez de la Fiscalía que aseguraba que declaró como dietas exentas lo que en realidad eran retribuciones ordinarias satisfechas en su mayoría por la realización de horas extras por los vigilantes de seguridad, al mismo tiempo que declaró como indemnizaciones por despido buena parte de los atrasos y otras diferencias salariales reclamadas por los trabajadores, rezaba el informe de Hacienda que sustentaba la posterior denuncia en los juzgados.
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