La reciente oleada de insultos racistas en redes sociales contra el futbolista brasileño Vinicius ha generado un intenso debate en torno a la responsabilidad de castigar a los autores de estos delitos. La discriminación racial en las plataformas digitales es un problema cada vez más grave, y es urgente determinar quién debe asumir la responsabilidad de sancionar a los culpables. ¿Deben ser las plataformas sociales las encargadas de eliminar los contenidos ofensivos y sancionar a los usuarios que los publican? ¿O debe ser el Estado, a través de sus instituciones judiciales, el que tome cartas en el asunto? La respuesta a esta pregunta es crucial para determinar la efectividad de la lucha contra la discriminación racial en el ámbito digital.
En la reunión semanal de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se acordó una propuesta de resolución que senta un precedente en la lucha contra el racismo en las redes sociales.
La propuesta sanciona a un aficionado con una multa de 60.001 euros y prohíbe su acceso a los recintos deportivos durante un período de dos años, debido a sus ataques racistas en redes sociales contra el jugador Vinicius José de Oliveira do Nascimento, también conocido como Vinicius Jr.
El texto de la propuesta establece que se debe proponer una sanción muy grave de 60.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de dos años a un aficionado identificado como autor de la difusión reiterada de numerosos insultos de carácter racista e imágenes del mismo cariz contra el jugador Vinicius José de Oliveira do Nascimento (Vinicius Jr.) a través de su perfil en la red social X.
Además, se acordó remitir los hechos a la Fiscalía para determinar si los ataques racistas cometidos por el aficionado son constitutivos de un delito de odio.
Es importante destacar que la Comisión carece de capacidad sancionadora, por lo que la ejecución de esta sanción debe ser llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Seguridad, según establece la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Según la ley, la Secretaría de Estado de Seguridad es responsable de ejecutar sanciones que superen los 60.000,01 euros, mientras que las multas que superen los 180.000 euros quedarían en manos del Ministerio del Interior, y las que superen los 360.000 euros, en manos del Consejo de Ministros.
En este sentido, la ley establece que la Secretaría de Estado de Seguridad, desde 60.000,01 euros hasta 180.000 euros. El Ministerio del Interior, desde 180.000,01 euros hasta 360.000 euros. El Consejo de Ministros, desde 360.000,01 euros hasta 650.000 euros.
Esta propuesta de resolución es un paso importante en la lucha contra el racismo en las redes sociales y establece un precedente en la sanción de comportamientos racistas en el ámbito deportivo.
Esperamos que esta medida ayude a concienciar a la sociedad sobre la importancia de combatir el racismo y la intolerancia en todas sus formas, y a promover un ambiente de respeto y tolerancia en el deporte y en las redes sociales.
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